Podría decirse que 2013 fue en España el año de los escraches a pesar de que no muchos habían oído alguna vez esta palabra por aquél entonces. El término, proveniente del lunfardo, fue popularizado por los argentinos tras la dictadura militar del 76 para referirse a «una forma de denuncia popular en contra de personas acusadas de violaciones a los derechos humanos o de corrupción».
Ada Colau a su salida del Congreso de los Diputados, tras asistir al debate sobre la admisión a trámite de la ILP propuesta por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. 12 de Febrero de 2013
Fue la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la encargada de dar a conocer en el Estado español esta forma de protesta social que abriría un profundo debate en los medios de comunicación sobre la legitimidad de la misma y se convertiría en un quebradero de cabeza para la clase política y, en particular, para los responsables del Gobierno del Partido Popular.
En medio de un dramático panorama en el que aumentaba el número de personas que, sin casa e incapaces de gestionar su precaria situación familiar, optaban por poner fin a su vida, la PAH continuaba su lucha en varios frentes. Por un lado, trataban de paralizar los desahucios mediante la resistencia pasiva frente a los cuerpos policiales en los ya conocidos Stop Desahucios y, en una línea más diplomática, recogían firmas para impulsar una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) lo que suponía una penetración de la lucha de los movimientos sociales en la política institucional. El 12 de febrero de aquél año, sin perder un ápice de la actitud desobediente que había llevado a la plataforma a ganar el respeto de una buena parte de la ciudadanía en las calles, Ada Colau asistía al Congreso de los Diputados en representación de más de 1.400.000 ciudadanos que habían decidido rubricar a favor de este paquete de medidas urgentes contenidas en la ILP para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética.
Cristina
Cifuentes, delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, es increpada por algunos manifestantes del 15-M por su responsabilidad en las numerosas cargas policiales ejecutadas en la capital. 13 de julio de 2012.
El efecto que los tristes suicidios causaban sobre la opinión pública pudo ser determinante para que, a pesar del largo y permanente posicionamiento que el PP había mantenido en contra de cualquier medida que supusiese poner freno a los desahucios, en el último instante cambiasen de opinión y aceptasen llevar a trámite la iniciativa popular. Era una victoria agridulce puesto que el sentir generalizado entre los activistas era de incredulidad y asumían con resignación – luego se demostraría que no les faltaba razón- que el Gobierno acabaría por no llevar a cabo estas medidas y que únicamente estábamos asistiendo a una pantomima cuya finalidad era que los votantes creyesen que tenían un gobierno que ‘escucha a su pueblo’.
Y fue en esa tensa coyuntura cuando la PAH decidió ejercer presión valiéndose de los escraches para mirar directamente a la cara de los responsables políticos en cuyas manos estaba solucionar o no la sangrante situación de miles de familias. Que la ILP llegase a buen puerto podía depender en buena medida de la presión que se ejerciese en el terreno de lo personal y los activistas no estaban por la labor de desperdiciar ninguna oportunidad de señalar a quienes no adoptaban una postura clara respeto al problema. Ya no se conformaban con bonitas palabras que nunca se transformaban en medidas reales.
En Madrid, donde la lucha por una vivienda digna es compartida entre la PAH y las diferentes asambleas de vivienda, el pistoletazo de salida tuvo lugar en Vallecas. Ante la clara criminalización que los miembros del PP estaban infligiendo sobre la PHA y su portavoz, Ada Colau –recordemos que la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, llegó a calificarla de ‘filoetarra’-, más de un centenar de activistas, algunos de ellos ataviados con disfraces de presidiario y pancartas con el lema «Stop criminalización», se concentraron en la Junta Municipal de dicho barrio para ‘escrachar’ a Eva Durán, diputada del Partido Popular y Presidenta del Distrito de Puente de Vallecas.
Soraya Sáenz de Santamaría es ‘escrachada’ en su vivienda. 5 de abril de 2013
A este escrache le sucedieron otros, cada vez más multitudinarios, como los realizados contra Mari Luz Bajo, Beatriz Rodríguez-Salmones, Jesús Posada o Cristóbal Montoro. Los propios ciudadanos se ponían en contacto con la plataforma para informar sobre el lugar donde residían los políticos y así facilitar que se pudiesen llevar a cabo estas acciones.
Particularmente polémico fue el escrache que tuvo lugar ante el domicilio de Soraya Sáenz de Santamaría. El 5 de abril, cientos de personas acudieron a la cita difundida por las redes sociales. Los antidisturbios de la Policía Nacional no pudieron organizar el operativo con suficiente antelación puesto que, al igual que en los demás escraches, el llamamiento que se hacía en internet no citaba a los asistentes en el lugar exacto del domicilio sino en otro punto de la ciudad del que partiría la protesta y tampoco se concretaba qué político sería objeto de la protesta. De esta manera, los ciudadanos se dieron cita en una plaza aledaña y posteriormente fueron guiados hacia la casa de la vicepresidenta del Gobierno. Una vez allí, a excepción de un par de personas que, sin hacer uso de la violencia, colocaron unas pegatinas en la fachada, el resto se mantuvo a unos metros mientras oían a algunos afectados por la hipoteca contar sus tragedias personales a través del megáfono. Cuando ya los asistentes dieron por finalizada la concentración y se alejaron del lugar, comenzaron a aparecer los furgones policiales que, al parecer, no habían logrado seguir a la muchedumbre mientras giraban inesperadamente por unas u otras calles camino de la vivienda de la Señora Sáenz. Al llegar y ver que los manifestantes ya se marchaban sin haber realizado el más mínimo acto violento, echaron a correr tras de ellos y lograron retenerlos. El resultado de esta intervención, como es ya habitual en las protestas sociales en el Estado español, fueron detenciones, identificaciones, agresiones y un sinfín de imágenes de violencia repartidas por los medios de comunicación que disuadían a los ciudadanos de participar en estas convocatorias. En este mismo sentido y ante las dificultades que el Gobierno encontraba para criminalizar a unos manifestantes que simplemente se concentraban a las puertas de un domicilio, cantaban unas consignas y se marchaban sin más, el marido de Soraya interpuso ante los juzgados una denuncia sustentada en la violencia con que su hijo supuestamente vivió el escrache al asomarse por la ventana de la casa y ver a tanta gente afuera. Difícilmente se llegará a saber algún día si eso era cierto pero en cualquier caso, parecía lógico que los manifestantes estuviesen más preocupados por los miles de niños de familias en riesgo de exclusión social cuyo futuro sigue siendo hoy muy incierto.
Marcial Marín, consejero del Partido Popular en Castilla-La Mancha, increpado por preferentistas de Bankia en la estación de Atocha. 19 de marzo de 2013
Cierto que la violencia física no es la única forma de violencia posible y qué duda cabe que ser escrachado puede no ser plato de buen gusto. Difícilmente podríamos negar que la aparición de los escraches en España abría las puertas a un debate legítimo o incluso necesario acerca de los límites que los ciudadanos tienen para influir en las decisiones de un parlamentario más allá de las urnas sin embargo, ese debate partiría de una premisa muy sesgada si no se tuviese en cuenta la enorme dificultad que hoy encuentra la sociedad civil para intervenir en un sistema político que ha logrado un alto grado de refinamiento en la labor de desproveer a ésta de herramientas reales de participación, por no hablar de la evidente desafección de los políticos actuales por los problemas del pueblo. La gente ya no se conforma con votar cada cuatro años y se palpa un ambiente de ‘no nos representan’. Y en este contexto, más que un ejercicio de violencia, podría decirse que los escraches consisten en trasladar el sentir de las mayorías a la puerta de quienes no quieren oír. Quienes definan al escrache como un acto violento, probablemente no sepan lo que es violencia. Y quizás algo así debió de interpretar el juez responsable del Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid cuando sobreseyó la denuncia interpuesta por el marido de Soraya Sáenz al considerar que «a la vista de los indicios recogidos y de las propias declaraciones de los perjudicados no encuentra en la conducta de los denunciados un grave atentado contra la libertad, intimidad y seguridad de la Vicepresidenta y su familia pues la finalidad de la concentración o escrache no era quebrantar por la fuerza la voluntad política de la Sra. Sáenz de Santamaría como miembros del Gobierno e integrante del Partido Popular, sino expresar en la vía pública la información y las ideas del colectivo concentrado sobre el problema de la ejecución hipotecaria y la crítica a la por ellos considerada inactividad de los políticos gobernantes, amparados en el derecho a la libre expresión y derecho de manifestación», añadiendo que «el derecho a la intimidad de la Vicepresidenta dado su carácter de persona pública dedicada a la gestión política, dicho derecho cede ante los antes expresados derechos colectivos». Esta fue otra de las innumerables victorias de los abogados de PAH, ALA y Legal Sol.
El Portal de Beatriz Rodríguez-Salmones, diputada por el PP, tras un escrache. 11 de abril de 2013
El trastorno que estaba ocasionando al Gobierno esta incómoda y novedosa forma de protesta hizo que el Ministerio de Interior tratase de salir al paso ordenando a la Policía medidas como prohibir los escraches a menos de 300 metros de un domicilio, lo cual contrastó con las declaraciones en días posteriores del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, quien afirmó que los escraches son «un ejemplo de libertad de manifestación».
Para hacer frente al desprestigio al que el Gobierno trataba de someter a la PAH, sus portavoces acudían a programas de televisión, los cuales ya no podían continuar silenciando el problema. La plataforma centraba su discurso en el hecho de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había declarado ilegal la normativa española sobre desahucios. Realizaban creativas campañas mediáticas en internet. Entre rostros de los afectados por la hipoteca, la hija de uno de ellos decía frente a la cámara: «Señor Rajoy, ¿Quiere usted pasar a la historia como el presidente que no paró los desahucios?». También incidían –y lo siguen haciendo hoy- en la singular dureza de la legislación española, la cual no permite que un deudor pueda saldar su deuda hipotecaria con la entidad bancaria entregando la vivienda y renunciando a la cantidad pagada hasta el momento, la llamada dación en pago que sí es practicada en la mayor parte de los países europeos y en los Estados Unidos. Otra de las personas que aparecía en el vídeo de la campaña decía: «Arrastraré de por vida una deuda que me condena a vivir fuera del sistema».
Miembros de la PAH realizan un escrache en una de las viviendas de la diputada María Luz Bajo. 4 de abril de 2013
Sin embargo, la más difundida y sencilla de sus estrategias comunicativas fue la de los círculos verde («Sí se puede») y rojo («Pero no quieren») que aludían a los botones de votación en el hemiciclo y que estarían permanentemente presentes en los medios de comunicación durante largo tiempo, incluso manteniendo cierta vigencia en la actualidad.
La Plataforma logró la simpatía de ciudadanos que observaban una enorme distancia entre la solidaridad desinteresada de quienes formaban una barrera humana frente a la policía para impedir un desahucio y los miembros del Gobierno que reiteraban una y otra vez la odiosa y archiconocida frase «Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades». Todo esto salpicado de constantes escándalos de corrupción y una evidencia que ni el sistema más tecnocrático conseguiría ocultar: El Gobierno sirve a los intereses de los poderes financieros dando la espalda a la ciudadanía.
Hoy, cerca del final de esta legislatura, seguimos comprobando cómo el Gobierno no sólo mantiene de forma inflexible su permisividad hacia los bancos que continúan desahuciando mientras crece el número de viviendas vacías objeto de especulación sino que también reduce las posibilidades habitacionales de los más desfavorecidos vendiendo a fondos buitre el parque de vivienda pública que antes se usaba para paliar, que no solucionar, el grave problema en el que muchas familias se han visto inmersos por culpa de la crisis. Por si esto no fuese suficiente, como si de una broma de mal gusto se tratase, recientemente el PP ha anunciado su intención de aprobar la dación en pago para los emprendedores con el propósito de «evitar que se vean endeudados de por vida tras un posible fracaso empresarial». Un clasismo delirante que prioriza las cuestiones empresariales e ‘hipoteca’ el futuro de incontables familias trabajadoras.
Texto y fotografía: Juan Zarza